El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el Internamiento Involuntario

Internamiento involuntario y vulneración del derecho a la libertad personal

El demandante fue ingresado en el Hospital Universitario de San Cecilio de Granada por un episodio agudo de su enfermedad, y el centro comunicó la decisión al juzgado al día siguiente. Sin embargo, el juzgado, a pesar de la urgencia de la situación, no resolvió sobre la ratificación del internamiento hasta 14 días después de lo estipulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el paciente ya había sido dado de alta. Este retraso de 14 días sobre el plazo legal establecido de 72 horas constituyó una vulneración flagrante de los derechos fundamentales del paciente, concretamente el derecho a la libertad personal protegido por el artículo 17 de la Constitución Española. Este fue el argumento esgrimido por Castillo-Calvín Abogados, quien interpuso un recurso de amparo en representación del afectado, y así fue reconocido por el Tribunal Constitucional al dictar esta importante sentencia.

Falta de garantías procesales y defensa del paciente

También se identificaron otras deficiencias en el proceso, incluyendo la falta de información al paciente sobre sus derechos y la ausencia de una defensa adecuada durante el procedimiento. El hombre no fue informado de su derecho a designar abogado ni se le permitió presentar pruebas, lo que vulneró su derecho a una tutela judicial efectiva y a una defensa adecuada​.

Especial trascendencia constitucional

Aunque el paciente fue dado de alta antes de que se resolviera el internamiento, el Tribunal Constitucional decidió entrar en el fondo del recurso por la trascendencia constitucional que implica el tratamiento de un colectivo especialmente vulnerable, como las personas con discapacidades mentales. Esta sentencia es relevante no solo para la protección de la libertad personal, sino también porque subraya la necesidad de que estos internamientos se realicen con las debidas garantías judiciales y procesales desde el inicio​.

Proporcionalidad y motivación reforzada

Un aspecto clave de la sentencia es la aplicación del principio de proporcionalidad, exigiendo que las decisiones de internamiento estén debidamente motivadas y respaldadas por informes médicos exhaustivos. En este caso, el Tribunal Constitucional criticó que los informes que avalaban el internamiento del paciente fueran superficiales y no justificaran adecuadamente la necesidad de la medida privativa de libertad.

Reforma legislativa

A raíz de este caso, el Tribunal también exhortó al legislador a reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para otorgar rango de ley orgánica a las disposiciones relativas al internamiento involuntario por razón de trastorno psiquiátrico, demanda que finalmente se cumplió con la reforma de la LEC. Esto refuerza la idea de que los derechos fundamentales deben estar protegidos por mecanismos legales sólidos y efectivos, especialmente cuando se trata de situaciones que implican la privación de la libertad personal.

Esta sentencia es un precedente crucial que sirve de referencia en los casos de internamiento involuntario urgente, y establece que las autoridades judiciales deben garantizar que cualquier privación de libertad se realice con pleno respeto a los derechos fundamentales y dentro de los plazos establecidos por la ley.

Importancia reconocida por el Defensor del Pueblo

Como señala el Defensor del Pueblo: "La Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2012, de 2 de julio (en adelante STC 141/2012), constituye el primer recurso de amparo en el que se enjuicia desde la óptica del derecho fundamental a la libertad personal un caso de internamiento psiquiátrico urgente. En dicha sentencia se abordan las garantías que han de concurrir en su adopción, otorgando el amparo a un ciudadano que fue ingresado con carácter urgente en un hospital".

Se trata pues de una sentencia histórica, lograda gracias a la labor del despacho Castillo-Calvín Abogados, conforme a la cual finalmente el legislador se vio obligado a reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, otorgando carácter de ley orgánica a la regulación sobre esta materia.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 141/2012, de 2 de julio, abordó por primera vez el internamiento involuntario urgente de una persona con trastornos psiquiátricos desde la perspectiva del derecho fundamental a la libertad personal. El caso, llevado por el despacho Castillo-Calvín Abogados, implicaba la retención de un paciente diagnosticado con trastorno bipolar en un hospital de Granada, y sirvió para fijar una doctrina clave en la protección de derechos fundamentales en estos procedimientos, dando lugar a una importante evolución en la regulación de internamientos psiquiátricos y su control judicial​.